Exigen al secretario del Gobierno, Ricardo Ahued instruya se dicte sentencia a favor porque ya está
Piden que el Congreso del Estado legisle a fin de que el delito de fraude se considere como un delito grave
Córdoba, Ver.- Tras las declaraciones del secretario de Gobierno, Ricardo Ahued de denunciar a involucrados en el “cartel inmobiliario”, la Financiera AFISA de origen cordobesa exige que instruya se dicte sentencia a favor, luego de agotar todas las instancias y contar con una resolución a favor para la recuperación de una propiedad, caso que tiene más de 10 años que inició con el delito de fraude y escaló hasta caer con el cartel inmobiliario donde se involucran desde dependencias de Gobierno, hasta Notarios Público.
El abogado Baltazar Iván Rodríguez Espinoza, representante de la financiera dio a conocer que luego de más 10 años se han agotados todas las instancias en el caso que inició como un delito de fraude y escaló hasta descubrir que se encuentran como víctimas del cartel inmobiliario, tiempo en el que se ha descubierto que están involucrados desde quienes fueron titulares de la Registro Público de la Propiedad, Celina Quintero; el Notario Público, Arturo Hernández Reinante; notificadores entre otros funcionarios.
Luego de lograr llegar a todas las instancias legales y contar con una sentencia a favor, Rodríguez Espinoza dijo que su cliente, es decir la financiera FISA pide la restitución de la propiedad, misma que en este momento funciona como escuela privada; honorarios de los abogados y pago de la renta de los 2 últimos años, pues están beneficiando con ello.
Hace más de 10 años, la financiera AFISA otorgó un préstamo a una persona en la ciudad de Xalapa, quien tras no poder cubrir el adeudo decide entregar una propiedad, ubicada en Las Ánimas como saldo del adeudo; sin embargo, en ese tiempo una persona a quien identifica como Sofía López Olivares, se muestra interesada en la propiedad y logra “comprarla” por $50, valiéndose del desconocimiento o inexperiencia de un tercer involucrado en bienes raíces.
Al darse cuenta de ello, se inicia un proceso en el año 2016 penal por despojo, sin embargo, se descubre que en el caso se involucra el notario público Arturo Hernández Reinante, quien canceló la escritura a los dueños originales, ante el Registro Público de la Propiedad, documento que se aceptó en Juzgado y continúo el proceso donde se descubre que el caso está empantanado y desde hace 2 años, un particular renta la propiedad para instalar una escuela privada denominada Educ-Art Centro Aprendiz.
