- El pueblo acusa a Juan Pablo Becerra de vulnerar la representación comunitaria
En Altotonga, Veracruz, la decisión del alcalde Juan Pablo Becerra Hernández de eliminar 45 de las 65 agencias y subagencias municipales ha provocado un conflicto político y social que pone en entredicho la legalidad de su gobierno y la legitimidad de sus actos. El argumento oficial se sostiene en la reforma de 2014, que vincula la existencia de agencias al promedio poblacional, pero los habitantes señalan que los datos del INEGI son imprecisos, pues no se ha realizado un censo físico desde 1997 y las cifras actuales se basan en estimaciones. Esta interpretación parcial de la norma ha sido cuestionada porque en ninguno de los 212 municipios de Veracruz se ha aplicado una reducción semejante, lo que convierte a Altotonga en un caso aislado y polémico.
La protesta ciudadana frente al Palacio Municipal fue contundente. Los pobladores denunciaron que la medida no responde a criterios de austeridad, como sostiene el alcalde, sino a un intento de control político. Señalan que las agencias fueron eliminadas en comunidades donde el presidente municipal no obtuvo mayoría electoral, mientras que en zonas que sí lo favorecieron se crearon nuevas agencias, lo que evidencia un uso discrecional del poder. Este proceder contradice el principio de imparcialidad y vulnera derechos políticos fundamentales, pues la representatividad comunitaria no puede condicionarse a resultados electorales.
Quitarle la representación a las comunidades significa silenciarlas institucionalmente y dejarlas sin un canal directo para gestionar necesidades básicas como caminos, escuelas o servicios públicos. Los agentes y subagentes municipales son figuras de proximidad elegidas por usos y costumbres, que garantizan que las decisiones del cabildo lleguen a cada rincón del municipio. Al desaparecerlos, se rompe el vínculo entre gobierno y ciudadanía y se erosiona la confianza en las instituciones. La medida deja sin voz a 45 congregaciones y rancherías, debilitando la estructura de participación ciudadana que históricamente ha sostenido la vida comunitaria de Altotonga.
La primera regidora, Rosa Andrade, votó en contra de la propuesta y advirtió que la reducción debilita la representación comunitaria y rompe el vínculo directo entre el Ayuntamiento y las comunidades. En su comunicado reiteró que “Altotonga son todas sus comunidades”, subrayando que la representatividad no es un privilegio sujeto a cálculos políticos, sino un derecho que asegura la participación de cada comunidad en la vida pública del municipio. Su postura refleja la preocupación de que el gobierno local se incline hacia la concentración de poder y se aleje de un modelo de gobernanza participativa.
Es importante recordar que la elección de este gobierno estuvo marcada por denuncias y acusaciones de violencia política de género, reconocidas incluso por magistrados como graves y muy violentas. Desde entonces se advertía un patrón de conducta orientado a buscar el poder a cualquier costo, pasando por encima de las reglas y de la dignidad del pueblo. La reciente eliminación de agencias municipales confirma ese proceder, al privilegiar intereses políticos sobre la representación ciudadana. Sin embargo, los habitantes de Altotonga han dejado claro que no permitirán que estas acciones pasen desapercibidas, y por ello han salido a manifestarse en defensa de sus comunidades y de sus derechos.
La decisión del cabildo, tomada a escasos días de la jornada electoral, ha sido percibida como un acto fuera de la legalidad y contrario al espíritu democrático. Al condicionar la existencia de agencias municipales a resultados políticos, el gobierno local vulnera derechos, debilita la participación ciudadana y erosiona la dignidad de las comunidades. Más allá de un debate administrativo, lo que está en juego es el principio de representación: la garantía de que cada comunidad, sin importar su tamaño o afinidad política, tenga voz en la vida pública de Altotonga.
