El Congreso de Veracruz decidió cerrar la puerta a la ocurrencia y al compadrazgo institucional. A través del Decreto número 492, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se reformaron diversos artículos de la Ley Orgánica del Municipio Libre para imponer reglas claras y obligatorias en las contrataciones y nombramientos de los nuevos ayuntamientos.
La reforma, según lo publicado oficialmente, busca elevar el nivel profesional del servicio público municipal, establecer criterios mínimos de capacidad técnica y asegurar el cumplimiento del principio de paridad de género en cargos clave de la administración local.
Seguridad pública, bajo lupa
En materia de seguridad municipal, el decreto establece que los ayuntamientos deberán impulsar cuerpos policiales formados bajo disciplina, respeto a los derechos humanos y perspectiva de género. Ya no bastará la buena voluntad ni la cercanía política.
El titular del área de Seguridad Pública deberá acreditar exámenes de control y confianza vigentes, contar con certificación institucional y demostrar al menos tres años de experiencia comprobable en la materia. Entre sus responsabilidades estarán la preservación del orden, la coordinación con el Ministerio Público y el trabajo conjunto con fuerzas estatales y federales.
Cargos estratégicos con perfil profesional
La reforma también alcanza a puestos tradicionalmente sensibles dentro del Ayuntamiento. Secretarías, Tesorerías, Obras Públicas y Contralorías deberán ser encabezadas por personas con título y cédula profesional, con al menos un año de antigüedad en su expedición.
Además, los nombramientos deberán respetar la paridad de género, cerrando el paso a administraciones integradas a conveniencia y sin equilibrio institucional.
Aplicación inmediata
El decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. A partir de ese momento, los ayuntamientos entrantes estarán obligados a adecuar su reglamentación interna y ajustar sus designaciones a las nuevas disposiciones legales.
Con estos cambios, el Congreso de Veracruz intenta que los gobiernos municipales se administren con perfiles profesionales y no con listas de favores. Falta ver si la ley se cumple… o si, como suele pasar, alguien encuentra el “cómo sí”.
