Zongolica.– En la comunidad de Tepetitlanapan, perteneciente al municipio de Zongolica, alrededor de 40 familias de la colonia 2000 viven una situación de conflicto y molestia luego de que el abogado Martín Castillo Hernández decidiera cerrar con un portón metálico el acceso principal a una de las secciones de la zona, impidiendo el paso vehicular bajo el argumento de “seguridad”.
De acuerdo con los habitantes, el abogado se negó a entregar las llaves del candado, dejando sin acceso a vehículos de abasto, transporte escolar, servicios públicos e incluso unidades de emergencia.
En el área residen personas mayores, niños y personas con discapacidad, quienes ahora deben ser trasladados en carretillas o parihuelas en caso de urgencias médicas.
Los afectados aseguran que esta vialidad ha existido por más de cinco décadas, primero como una brecha mular usada por los habitantes de la sierra para el transporte de madera, y que con el paso de los años fue reconocida oficialmente por el ayuntamiento, ampliándose en 2002 a más de cinco metros de ancho para dar servicio a toda la colonia.
Sin embargo, el conflicto inició cuando el abogado Castillo Hernández, quien adquirió un predio en 2004 justo en la entrada del camino, decidió instalar el portón en 2024, comprometiéndose a entregar copias de llaves a los vecinos.
Dicha promesa no se cumplió, y con el cambio del candado los colonos quedaron bloqueados, teniendo que cruzar propiedades privadas o caminar largas distancias para llegar a sus hogares.
Ante la negativa, los habitantes interpusieron una denuncia conciliatoria ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zongolica, bajo el número 136/2025, aunque afirman que el abogado ha utilizado sus influencias legales para retrasar el proceso y desgastar a las familias.
“Nosotros no pedimos privilegios, solo el derecho a pasar por un camino que siempre ha sido público. No puede un particular decidir quién entra o sale de la colonia”, expresaron los vecinos, quienes hicieron un llamado urgente al Ayuntamiento de Zongolica y al Poder Judicial para intervenir antes de que ocurra una tragedia.
Lo que comenzó como una medida de “seguridad privada” se ha convertido en un caso de abuso de poder y omisión institucional, dejando incomunicada a toda una comunidad en plena sierra veracruz
