Córdoba, Veracruz – Empleados del Hospital General de Córdoba Yanga han denunciado supuestas presiones por parte del director Roberto Carlos García y la administradora Fabiola Guerrero para registrarse en el sistema de Hacienda y facturar servicios y materiales proporcionados al nosocomio. Estas acciones han levantado sospechas sobre posibles irregularidades y corrupción en la institución.
De acuerdo con testimonios de trabajadores que prefirieron el anonimato por temor a represalias, las autoridades del hospital les han exigido registrarse como proveedores, bajo el argumento de cumplir con los requisitos administrativos y fiscales. Sin embargo, los empleados aseguran que no se ha presentado ningún procedimiento formal ni transparente para justificar estas medidas.
«Nos piden darnos de alta en Hacienda y facturar como si fuéramos proveedores externos, incluyendo materiales que ya usamos en nuestras labores diarias. Esto no tiene sentido y sentimos que nos están obligando a participar en algo indebido», expresó uno de los trabajadores afectados.
Los denunciantes temen que estas presiones estén relacionadas con prácticas de mal manejo de recursos públicos. Según los testimonios, los materiales y servicios que actualmente son parte de las actividades regulares del hospital serían facturados como si provinieran de proveedores externos, lo que podría enmascarar posibles desvíos de recursos o simulación de gastos.
Fuentes cercanas a la administración confirmaron que existe una directriz para que los empleados se registren en el sistema fiscal, aunque no precisaron las razones ni los procedimientos internos que respaldan esta solicitud.
Por su parte, ni el director Roberto Carlos ni la administradora Fabiola Guerrero han respondido a las solicitudes de entrevista para aclarar estas denuncias. Sin embargo, personal del hospital asegura que las acciones podrían formar parte de un esquema para justificar desvíos de recursos o encubrir irregularidades administrativas.
La situación ha generado preocupación entre el personal médico, trabajadores y ciudadanos de Córdoba, quienes exigen una investigación a fondo para esclarecer los hechos y garantizar que los recursos públicos sean manejados con transparencia.
Hasta el momento, las autoridades estatales y de salud no se han pronunciado al respecto. Sin embargo, el caso ya ha trascendido en medios locales, incrementando la presión pública para que se esclarezca este posible acto de corrupción.
Los empleados afectados piden que se frene cualquier intento de involucrarlos en prácticas contrarias a la ética profesional y la legalidad. La comunidad médica también ha alzado la voz para exigir que se detengan las irregularidades que vulneran la misión del hospital y afectan la calidad de los servicios de salud en la región.
