CORTESIA
Tras siete meses presa, recupera su libertad
Orizaba, Ver.- Tras permanecer siete meses privada de su libertad en el penal de mediana seguridad de Amatlán de los Reyes, Maribel “N”, trabajadora doméstica de 30 años, fue liberada mediante una suspensión condicional del proceso en su contra. Su caso expuso graves irregularidades, entre ellas tortura, fabricación de delitos y el ocultamiento de una prueba oficial que confirmaba su inocencia desde el día de su detención.
De acuerdo con su defensa legal, integrada por abogados de la Brigada Internacional de los Derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado ocultó un informe de Plataforma México fechado el 5 de febrero de 2025 —día en que fue detenida— en el que se confirmaba que no existía ningún antecedente ni registro en su contra. Este documento fue retenido de manera deliberada por las autoridades ministeriales, lo que prolongó su encarcelamiento injusto.
Detención violenta y tortura
El 5 de febrero, agentes ministeriales irrumpieron de manera violenta en el domicilio de Maribel, ubicado en el municipio de Rafael Delgado. Según la denuncia de sus abogados, los elementos golpearon a nueve adultos y seis menores, los encañonaron con armas de fuego y sustrajeron pertenencias y dinero en efectivo. Maribel fue detenida, incomunicada y sometida a tortura física y psicológica, incluidas golpizas y descargas eléctricas, con el fin de obligarla a autoinculparse en la Carpeta de Investigación 84/2025 por delitos contra la salud.
La mujer sostuvo desde un inicio que la droga que se le imputaba fue “sembrada” en una mochila dentro de la propia Fiscalía. Pese a estas denuncias, fue vinculada a proceso y se le dictó prisión preventiva oficiosa, medida que su defensa calificó como arbitraria y violatoria del debido proceso.
Defensa y amparo federal
Un juicio de amparo federal reconoció posteriormente la existencia de tortura y concedió una suspensión a su favor, la cual fue ignorada por la Fiscalía, que insistió en continuar con la imputación. No obstante, la aplicación del Protocolo de Estambul y la presentación de denuncias penales por tortura permitieron exponer las irregularidades y recuperar la prueba que confirmaba su inocencia.
Exigen sanciones
La liberación de Maribel fue posible gracias al acompañamiento jurídico, al respaldo de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y a la cobertura de periodistas independientes.
La defensa y colectivos civiles exigen ahora la investigación y sanción de los funcionarios de la Fiscalía del Distrito XV y de los agentes ministeriales responsables de la detención ilegal, la tortura y el ocultamiento de pruebas, hechos que constituyen violaciones graves a los derechos humanos y a la impartición de justicia en Veracruz.
